Dentro de los anuncios del actual presidente de la República, Sebastián Piñera, destacó uno que siempre ha generado problemas y diferencias en la opinión pública: el Servicio Nacional de Menores, y una reforma estructural que lo hará desaparecer, dando paso a dos nuevos servicios, a saber, el Servicio de Protección de la Infancia y Adolescencia, y el Servicio de Responsabilidad Adolescente.

 

En principio, a partir de la autocrítica reflejada en el mensaje de que “El estado de Chile les falló” a los menores pertenecientes al Sename, y la ejecución de una auditoría que refleje la actual situación del servicio, ya podemos destacar algo que se hacía del todo necesario, esto es, la distinción primordial entre aquellos menores que requieren de un servicio que los apoye en una situación de vulnerabilidad, y un contexto del todo distinto, que constituye la búsqueda de rectificar el camino para aquellos que han sido sancionados en virtud de lo dispuesto en la ley 20.084 de responsabilidad penal adolescente.

 

Si entendemos, que el actual Sename no era siquiera capaz de llevar a cabo esta distinción, es sencillo concluir lo siguiente: en un servicio tan mal constituido, y que, además, opera en condiciones que están muy lejos de ser las óptimas, cualquier esfuerzo serio que se haga por mejorarlo será visto con buenos ojos, ya que la precariedad vigente es muy difícil de empeorar.

 

Por lo tanto, el primer paso es reconocer que no todos los menores de edad que se encuentran bajo la tutela del Sename tienen las mismas condiciones de desarrollo, que no se encuentran ahí por las mismas razones, y que en consecuencia, necesitan medidas de apoyo diversas, para luego poder planificar la función real de cada servicio propuesto, para que esa ayuda que tanto se necesita pueda ser entregada de una forma efectiva, y se traduzca en un cambio de conducta o de condiciones sociales que pueda entregarle, al menos, las herramientas a los menores para vivir una vida “normal” dentro de la sociedad, como lo que realmente son, no delincuentes ni antisociales, sino, personas y futuros ciudadanos.

 

 

Alex Martínez González

Profesor de Derecho Penal

Universidad Andrés Bello